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Castigos severos para funcionarios corruptos marcaría historia en la función pública
Publicado: 06/16/17 02:15:p. m.

Los hechos de corrupción en el ejercicio de la función pública pusieron bajo la lupa el funcionamiento del sistema que sostiene todo un andamiaje dentro del Estado, lo que llevó a incontables denuncias periodísticas, mediante investigaciones que luego fueron expuestas sobre actos deshonestos por parte de funcionarios públicos o de elección popular.

Indefectiblemente, estos hechos movieron el tablero político en el país y eso llevó a tener una mayor consciencia sobre la esencia del valor del trabajo dentro de la Función Pública, a la hora de dar un servicio eficaz, pulcro y dinámico a la ciudadanía en general.

Cabe resaltar que Paraguay se encuentra en la posición 123 de 168 en el Indice de Percepción de la Corrupción 2016 (CPI, por sus siglas en inglés) de la organización Transparencia Internacional.

El trabajo se basó en cinco encuestas que miden el índice de la percepción de la corrupción; el índice de transformaciones; de riesgos de opinión ejecutiva; es decir, una serie de cuestiones que se van evaluando y se van escalando para llegar a estos resultados.

De estos hechos nace la necesidad de crear e implementar una sanción penal para actos de corrupción, pues ante el sujeto que cometió un acto indecoroso en contra del Estado, lleva a la exigencia por parte de los mandantes, de generar castigos ejemplares que vayan más allá de las ínfimas multas, los escraches personales o a través de las redes sociales.

En ese sentido, el diputado Ariel Oviedo (ANR-Central), presentó semanas atrás un proyecto de Ley “Que establece la inhabilitación perpetua por actos de corrupción a los funcionarios públicos o de elección popular”.

Esta iniciativa tiene por objeto establecer la inhabilitación perpetua o especial como pena complementaria por los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos del Estado o de aquellos que fueron electos en elecciones populares.

“La Ley pretende complementar a la Ley que penaliza el tráfico de influencias”, señaló el diputado Oviedo.


Alcances

Según el documento propuesto, la pena de inhabilitación puede ser perpetua o especial.

La pena de inhabilitación perpetua consiste en la prohibición perpetua para ejercer la función pública de elección popular o empleos o cargos públicos, cuando se traten de hechos punibles tipificados como: cohecho pasivo agravado; prevaricato; tortura; ejecución penal contra inocentes; exacción; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias; administración en provecho propio; etc. Se aplicarán también a los hechos punibles previstos en leyes especiales, tipificados como actos de corrupción.

Asimismo, la pena de inhabilitación especial consiste en la prohibición para ejercer la función pública de elección popular o empleos o cargos públicos durante cinco a veinte años (la legislación actual habla de apenas 10 años), según la gravedad del hecho punible, cuando se traten de hechos punibles tipificados como: cohecho pasivo; coacción respecto de declaraciones; persecución de inocentes; cobro indebido de honorarios; infidelidad en el servicio exterior; inducción a un subordinado a un hecho punible; peculado por apropiación; peculado por celebración indebida de negocios jurídicos; peculado por uso indebido; peculado culposo; intervención ilegítima en las contrataciones públicas; etc.

Se aplicarán también a los hechos punibles previstos en leyes especiales tipificados como actos de corrupción.

En otro punto, el proyecto pretende la creación del Registro Único de Condenados Inhabilitados por los hechos punibles mencionados más arriba. El ente dependería de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se creará el Registro Único de Condenados Inhabilitados por Hechos Punibles, tipificados en los artículos 2º, 3º y 4° de la Ley, y será dependiente de la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de la reglamentación en caso de aprobarse la propuesta de normativa.

La Corte, a su vez, reglamentará la coordinación interinstitucional del Registro Único de Condenados Inhabilitados con la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, para su implementación total.


Antecedentes

El proyectista explicó que en el año 1910, Paraguay fue el primer país latinoamericano en liderar la iniciativa en los artículos 61, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 164,165, 168, 170, 11, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 207, 269, 272, 299, 315 y 406 en la Ley del Código Penal.

Posteriormente, fue modificado en el año 1914, en los artículos 74, 90, 164, 170, 172, 173, 174, 184 y derogados los artículos 175 y 299.

La iniciativa pone como ejemplo la aplicación del artículo 164 de la Ley del Código Penal del año 1914, en la causa penal "DELFIN UGARTE CENTURION Y OTROS S/ DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA”, que se puede considerar como antecedente, al hallarlo culpable e imponersele la pena de seis años de penitenciaría y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Tomando en cuenta el derecho comparado, el Perú, en el 2016, promulgó la Ley comúnmente denominada Muerte Civil para Funcionarios Corruptos. La misma modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer la pena de inhabilitación principal para los delitos contra la Administración Pública.

En América Latina se empezó a replicar el caso de Perú, a través de proyectos de Ley para combatir la corrupción en países tales como México, Colombia, Argentina y Chile.

El Perú es considerado el primer país latinoamericano en liderar la iniciativa, obligado por los reiterados casos de corrupción que históricamente han sacudido a la administración pública en ese país.

“En Paraguay, estos hechos se encontraban tipificados en el Código Penal del año 1910 que luego fue modificado en el año 1914, que más tarde fue derogado en el año 1997 por la Ley Nº 1.160”, se lee en el documento presentado por el diputado Ariel Oviedo.


Casos mediáticos

*Los coquitos de Camilo: Se conoce como "coquitos de oro" la supuesta sobrefacturación de productos panificados ocurrida bajo la gestión del ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares Machado, durante la presidencia de Fernando Lugo (2008-2012).

*Las "croquetas de oro" en Itaipú: Posiblemente el primer caso mediático que implicó dinero y gastronomía. Corría el año 1994 cuando la Itaipú Binacional abrió un concurso –mediante licitación pública– para la prestación de servicios en el área de la cocina. La empresa Mundy Recepciones fue la ganadora de esta licitación. La mencionada firma cobró a la Itaipú el monto de G. 3.003.327.420 para la provisión de comida a los funcionarios.

Seguidamente Mundy fue recontratada por G 1.500 millones. Lo llamativo fue que la empresa demandó a la binacional pidiendo un monto de G. 10.597.517.565.

*"Secretaria VIP" del Contralor: Una investigación periodística puso al descubierto las malas prácticas en la institución encargada de controlar a las demás instituciones. La secretaria del Contralor General de la República, Liz Paola Duarte, trabajaba nada más y nada menos que 27 horas al día según figuraba en los papeles; no obstante, solo marcaba asistencia. La mujer llegó a percibir más de G. 30 millones en un mes gracias a sus "horas extra".

Otros casos de supuesta corrupción en el ejercicio de la Función Pública también involucran a legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional, e igualmente fueron expuestos en su momento por los medios periodísticos y alcanzaron niveles impensados de indignación en la ciudadanía, quienes organizaron marchas frente al Congreso Nacional, pidiendo el procesamiento de los mismos ante la justicia.

En la actualidad, varios parlamentarios se encuentran imputados e investigados por la Fiscalía.


Transparencia HCD

En esa misma línea de búsqueda de transparencia en la Función Pública y de acceso a la información pública, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, asumiendo una política de transparencia, pone a disposición de la ciudadanía la nómina de diputados nacionales y funcionarios de este alto cuerpo legislativo.

Con la publicación de informes se cumple con la Ley Nº 5.189/2014, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.

Los ítems que son puestos a disposición de la ciudadanía abarcan desde la Ejecución Administrativa; Informes de Viajes Parlamentarios; Informes de Viajes de Parlamentarios -Informe por Diputado; Nómina de Funcionarios; Patrimonio de la institución; etc.

La Honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nº 5282/14, tiene habilitada su Oficina de Acceso a la Información Pública, donde toda persona interesada en acceder a información generada en la institución, puede presentar una solicitud, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso, se extenderá un acta y el tiempo estipulado para dar respuesta al pedido es de 15 días, según la normativa.


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